Anuncian la imposición de más de $4 millones en deficiencias contributivas a individuo investigado por la DEA
El principal oficial financiero del Gobierno y secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, ha mantenido reuniones desde el 2017 con A.J Collazo, director de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Puerto Rico y el Caribe para delinear un acuerdo colaborativo en el cual Hacienda asignaría agentes especializados en auditoría fiscal para revisar los casos sometidos e investigaciones criminales realizadas por la DEA.
Maldonado Gautier explicó que la colaboración con la DEA tiene como propósito auditar transacciones que generan deficiencias contributivas a personas acusadas por el organismo federal, y a personas y empresas que hicieron negocios con los acusados. Además, se comenzó a realizar embargos de propiedades para garantizar el cobro de las contribuciones.
"Esta iniciativa le quita la capacidad económica a los involucrados en actividades ilícitas o los que hacen negocios con ellos. El compromiso del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y del CFO es atacar la criminalidad en todos lo frentes; la Policía en sus investigaciones criminales, Justicia con sus acusaciones y convicciones en los tribunales, y Hacienda quitándole la capacidad económica a aquellos que se dediquen a actividades criminales o participen de manera indirectamente lucrándose y fomentando esa cultura económica que tanto daño hace a nuestra sociedad. El facilitar el uso del dinero y bienes que provienen del crimen será castigado con todo el peso de la ley contributiva", advirtió el funcionario.
Por su parte, el director de la DEA en Puerto Rico y el Caribe, A.J. Collazo sostuvo que “el interés principal del individuo u organización que se involucra en actividades ilícitas, es el dinero. Todos en algún momento bajan la guardia. Pero nosotros no. Y continuaremos aunando esfuerzos y recursos con las autoridades locales y federales para seguir desarticulando estas redes ilegales”.